Un grupo de jubilados apeló la resolución de la jueza Emilce González, que rechazó la Acción de Amparo Constitucional a través del cual buscan que la justicia ordene a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal el pago adeudado por haberes jubilatorios desde 2023. La apelación fue interpuesta contra la S.D. N° 782 […]
Un grupo de jubilados apeló la resolución de la jueza Emilce González, que rechazó la Acción de Amparo Constitucional a través del cual buscan que la justicia ordene a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal el pago adeudado por haberes jubilatorios desde 2023.
La apelación fue interpuesta contra la S.D. N° 782 dictada en fecha 9 de diciembre pasado. que resolvió rechazar el Amparo constitucional, en la cual, la magistrada fundamentó de esta manera: “No existe ley o norma que autorice suficientemente a esta Magistrada a que obligue a la demandada a la obligación del pago de los haberes jubilatorios a los hoy afectados, en vista a que el accionado dio las explicaciones pertinentes del porqué a la fecha no lo ha hecho, no siendo facultad de este juzgado el estudio de fondo de la cuestión en cuanto la utilización de los fondos su aplicación o el fin...
Los apelantes expresaron que “sorprende de sobremanera lo dicho por la Jueza Emilce Rocio Morel, en cuanto la ausencia de legislación suficiente para imponer justicia; es loable resaltar que la ley que la autoriza primordialmente es la propia Constitución Nacional en su art. 134 haciendo hincapié en su segundo párrafo: … El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía, o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida respaldado por el art. 566 del C.P.C en concordancia con el Art. 3 de la Ley 340/2017”.
Afirman que el fundamento “cae de ilógico como de inconstitucional, existiendo bastos Principios Constitucionales así como normativas vigentes que autorizan a la Aquo a imponer el pago de haberes y pensiones a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal; beneficios sociales previsto en el art. 4 de la Ley 122/93”.
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