Las abogadas defensoras del ambientalista Rubén Figueredo, condenado a dos años por “contaminar el ambiente” al acopiar pilas y otros elementos tóxicos, apelaron ayer el fallo y solicitaron que se revoque la sentencia. Sostienen que el tribunal de sentencia aplicó erróneamente la ley. De igual manera, pidieron a la Cámara que se intime a los municipios para que cumplan con su obligación de recolección y disposición final de residuos.
En horas de la mañana, las defensoras Rosa Martínez de Vacchetta, Raquel Talavera y Karina Ramírez, presentaron el escrito de apelación en el que alegan que el tribunal de sentencia aplicó erróneamente la ley para condenar al ambientalista Figueredo, quien pretendió cuidar del ambiente al acopiar los desechos tóxicos.
Indican que el Art. 200 del Código Penal, sobre “procesamiento ilícito de desechos” describe: “El que tratara, almacenara arrojara, evacuara o de otra forma echara desechos: 1º) fuera de las instalaciones previstas para ello; 2º) apartándose considerablemente de los tratamientos prescritos o autorizados por disposiciones legales o administrativas será castigado con pena privativa de hasta 5 años o con multa.
Las defensoras sostienen que para que se configure este delito, el depósito de estos residuos (pilas, baterías de uso doméstico, tubos fluorescentes, etc.) deben estar “fuera de las instalaciones previstas para ello”, pero en este caso, la Municipalidad de Asunción no tiene instalaciones disponibles, si bien es cierto, contestó al tribunal que existe un lugar determinado para la disposición final de este tipo de residuos, pero no indicó donde se encuentra.
En otras palabras, Figueredo no realizó el “procesamiento ilícito de desechos” como dice el citado artículo 200, sino que se trató del acopio de residuos, realizado por un particular que intentó evitar la contaminación ambiental, según argumenta la defensa.
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