La renuncia anunciada de centenares de médicos convirtió un conflicto salarial en un problema que puede afectar la capacidad de atención del sistema público. El Gobierno sostiene que el reajuste reclamado no puede financiarse en los términos planteados y prepara más recursos para Salud en 2027. La discusión presupuestaria debería incorporar una pregunta que sigue […]
La renuncia anunciada de centenares de médicos convirtió un conflicto salarial en un problema que puede afectar la capacidad de atención del sistema público. El Gobierno sostiene que el reajuste reclamado no puede financiarse en los términos planteados y prepara más recursos para Salud en 2027. La discusión presupuestaria debería incorporar una pregunta que sigue pendiente: cuánto dinero deja de recaudar Paraguay mediante beneficios fiscales que casi nunca vuelve a evaluar.
Las cifras conocidas después de la huelga obligan a tomar en serio el conflicto. Sinamed habla de 431 renuncias presentadas o en proceso, mientras el Ministerio de Salud registraba hasta ayer 61 ingresadas formalmente. En el Hospital Pediátrico Acosta Ñu, 141 de sus 164 especialistas habrían comunicado su decisión de renunciar. Entre los cirujanos pediátricos y anestesiólogos la situación puede comprometer servicios que difícilmente encuentren reemplazos de un día para otro. El Gobierno necesita determinar rápidamente cuántas dimisiones se harán efectivas y qué áreas quedarían afectadas.
El reclamo económico también debe exponerse completo. Los médicos piden una remuneración de G. 8 millones por cargos de doce horas semanales, además del nombramiento de aproximadamente 9.000 contratados y mejores condiciones para trabajar. El Ministerio de Economía calcula que la nivelación planteada supone un aumento cercano al 76% y sostiene que el presupuesto no puede absorberlo. Para 2027, el Ejecutivo anuncia USD 270 millones adicionales para Salud y la desprecarización de 2.390 cargos. Entre lo reclamado y lo presupuestariamente posible existe una diferencia que tendrá que resolverse...
Paraguay tiene una presión tributaria considerablemente inferior al promedio latinoamericano. Esa característica forma parte de las ventajas que durante años permitieron atraer inversiones, sostener actividad empresarial y conservar un sistema impositivo relativamente sencillo. Sería un error responder a cada necesidad presupuestaria aumentando las tasas que pagan quienes ya están dentro del sistema. El espacio fiscal también se construye revisando el dinero que el Estado decidió dejar de cobrar y comprobando si las razones que justificaron esa decisión continúan existiendo.
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