El Ministerio de la Defensa Pública presentó un anteproyecto de ley de emergencia, que entre otras cosas, propone que con base al informe del actuario del Juzgado de Paz, que no se encontraron los expedientes, el juez disponga de inmediato la reconstitución y la suspensión de los descuentos realizados a las víctimas de la mafia […]
El Ministerio de la Defensa Pública presentó un anteproyecto de ley de emergencia, que entre otras cosas, propone que con base al informe del actuario del Juzgado de Paz, que no se encontraron los expedientes, el juez disponga de inmediato la reconstitución y la suspensión de los descuentos realizados a las víctimas de la mafia de pagaré. Esto explicó a El Observador Radio-TV, el defensor público, José Torres.
“Habíamos señalado la necesidad de una ley de emergencia, de dotarle también a los juzgados y a las partes de herramientas procesales para asegurar que se pueda acceder a los expedientes y también a controlar las actuaciones para plantear defensa o incidente Eso por una cuestión de lógica, luego ni siquiera podemos decir que fuimos tan brillantes para proponer eso”.
“Estaba ya gestado en proyectos de leyes en el Senado, justamente hay una comisión especial del Senado que atiende el tema de la mafia de los pagarés, uno de los proyectos que ya está hace 1 mes y se está depurando para que sea un proyecto de ley en sí, es el presentado, realizado o firmado o encabezado por el senador Afara. El senador Afara plantea un proyecto de ley o un anteproyecto en donde creo que en este caso ya proyecto porque él ya presentó formalmente, en donde propone establecer alcances especiales para la aplicación de la nulidad de oficio de conformidad al artículo del Código...
“Básicamente, lo que él dice “en estos casos o dentro de estos presupuestos, los juzgados deben aplicar sus facultades oficiosas y anular las actuaciones”. Y los dos casos que menciona él en su en su proyecto son: primero, aquellos expedientes denunciados y que no se encuentran registrados en estadística, entonces en teoría, el expediente no existe dentro del registro del Poder Judicial, entonces eso automáticamente correspondería que se anule de oficio y se levanten todas las medidas”.
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