Municipalidades de varios países latinoamericanos se están planteando la reducción de asimetrías sociourbanas a través del combate a la especulación inmobiliaria. En algunas localidades están aplicando el tributo al valor del suelo, en el marco de políticas públicas tendientes a la inclusión y la reducción de desigualdad. Así lo explicaron expertos del sector en un encuentro de periodistas de la región organizado recientemente en Lima, Perú, por la fundación Lincoln, con apoyo del instituto de prensa IPYS.
LIMA, Perú (Gladys Benítez, enviada especial). El economista estadounidense Martim Smolka, MA y Ph.D. en Ciencias Regionales, planteó la necesidad de recuperar las plusvalías en el rubro inmobiliario. Es decir, recobrar parte de aquellos incrementos del valor de la tierra atribuibles a los esfuerzos de la comunidad, para convertirlos en recaudación estatal por la vía fiscal (tributos, contribuciones, etc.) o, más directamente, en mejorías in situ, para beneficio de la población.
Según lo explicado, ese incremento del valor del inmueble (plusvalías) normalmente es el resultado de acciones ajenas al propietario, como por ejemplo la instalación de redes de agua, construcción de asfaltados y otras obras públicas, cambios en reglamentaciones de construcción, etc. Es decir, el dueño del terreno no contribuye al aumento del valor del inmueble, pero se beneficia de los factores externos mencionados.
Ese escenario se agrava por el casi nulo análisis social en desarrollo inmobiliario, que deriva en el fracaso de muchos planes de viviendas, acotó el experto. Como ejemplo mencionó países que construyen viviendas sociales en las periferias o zonas rurales, lo que implica un crecimiento horizontal de la ciudad, con un enorme costo para el Estado en la provisión de servicios y también para el “beneficiario”, que termina pagando millonarias sumas en movilidad.
De acuerdo con lo indicado, el desafío es lograr la inclusión social en áreas residenciales, a través de la creación de espacios socialmente integrados (niveles económicos alto, medio y bajo) y, a la vez, plantear que los costos de la urbanización sean pagados por tributo al valor del suelo, que se puede cobrar a los propietarios de los inmuebles, quienes actualmente están lucrando a través de la especulación (ver cuadro).
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