La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) reveló el impacto económico de la criptominería ilegal descubierta en la propiedad del exdiputado Miguel
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) reveló el impacto económico de la criptominería ilegal descubierta en la propiedad del exdiputado Miguel Cuevas. Según declaraciones del asesor jurídico de la ANDE, Diego Fernández, la operación causaba un perjuicio mensual de gran magnitud para la empresa estatal, con un consumo eléctrico que debería haberse facturado en aproximadamente G. 800 millones en forma mensual. Sin embargo, los dueños del establecimiento ilegal abonaban apenas G. 120.000 mensual.
La ANDE realizó ayer la intervención en una propiedad del exdiputado, donde se detectó una granja de criptomonedas con 390 máquinas y un transformador capaz de abastecer a más de 4.000 familias. Los implicados solo pagaban G. 120.000 al mes, debido a la sustracción ilegal de energía, lo que ha generado preocupación por el daño económico y técnico que estas actividades causan a la red eléctrica nacional.
“Es una inversión bastante fuerte; encontramos unas 390 máquinas y un transformador de potencia que abastecería a unas 4.100 familias”, comentó Fernández en una entrevista con la emisora 1020 AM. “Estaban robando la energía en un 100%. El medidor no era el apto para registrar el consumo del lugar”, explicó.
El exdiputado Miguel Cuevas, propietario del inmueble, negó cualquier implicancia directa en la operación ilegal, presentando un contrato de alquiler que señala a una mujer llamada Ramona Peralta, residente en Alto Paraná, como responsable del arrendamiento.
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