La defensora general, Noyme Yore Ismael, fue beneficiada con medidas alternativas a la prisión, en el proceso que enfrenta por usurpación de funciones públicas.
Esta audiencia se realizó ante la ampliación de la imputación por este mismo hecho punible.
La fiscalía constató que Yore Ismael realizó otras “designaciones” ilegales de abogados como defensores públicos. Al abogado Ricardo Preda del Puerto se le amplió la fianza personal a 200 millones de guaraníes.
A los abogados Carlos Ramón Molinas y Vivian Ligth Valenzuela, procesados por el mismo delito porque fueron “designados” defensores públicos por Yore Ismael, la jueza Gricelda Amarilla les impuso el arresto domiciliario.
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