16 de noviembre de 2024 Amnistía Internacional (AI) expresó su rechazo a la promulgación de la Ley de Transferencia, Control y Rendición de Cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), conocida popularmente como «ley garrote», por parte del presidente de la República, Santiago Peña. Según la organización, esta normativa supone una amenaza para […]
Amnistía Internacional (AI) expresó su rechazo a la promulgación de la Ley de Transferencia, Control y Rendición de Cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), conocida popularmente como «ley garrote», por parte del presidente de la República, Santiago Peña. Según la organización, esta normativa supone una amenaza para las libertades fundamentales y contraviene tanto los derechos humanos como el marco legislativo internacional.
AI destacó en su comunicado que la decisión de aprobar la ley ignora el rechazo de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Además, argumentó que las organizaciones sin fines de lucro ya están sujetas a mecanismos de control y rendición de cuentas, por lo que la nueva normativa es innecesaria y podría facilitar una aplicación arbitraria.
La organización alertó que esta ley afecta la libertad de asociación, expresión y privacidad, y limita la participación ciudadana en asuntos públicos. Según AI, la normativa carece de claridad en cuanto a su alcance, implementación y objetivos, lo que aumenta el riesgo de injerencia estatal desproporcionada.
Falta de diálogo y precedentes preocupantes Amnistía criticó que, durante el proceso de elaboración de la ley, no se promovieron espacios de diálogo ni se escucharon las propuestas de las organizaciones afectadas. Varias de estas solicitaron mesas de trabajo conjuntas para construir una normativa más acorde con los principios democráticos, pero dichas solicitudes fueron ignoradas.
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