Una nueva arista jurídica se abre en torno al cuestionado título del senador Hernán Rivas, luego de que el abogado civilista Manuel Riera planteara que el defensor del Pueblo, Rafael Ávila, podría intervenir para promover su eventual anulación por la vía civil, en representación de intereses colectivos.
Según explicó el letrado en una entrevista con el medio El Observador, la figura del defensor del Pueblo cuenta con atribuciones legales para actuar en defensa de los llamados derechos difusos, lo que habilitaría la posibilidad de iniciar una acción de nulidad sin necesidad de identificar a un afectado directo. En ese sentido, sostuvo que se trata de un mecanismo válido para representar a la sociedad en su conjunto, a profesionales del derecho o incluso a usuarios del sistema de justicia.
Riera argumentó que, a diferencia de otras acciones, la nulidad en el ámbito civil no está sujeta a plazos de prescripción, lo que permite revisar en cualquier momento la legalidad de los actos que dieron origen a un título profesional. Aclaró además que este tipo de procesos no involucra al Ministerio Público en su rol penal, sino que se circunscribe al ámbito civil, donde las controversias se plantean entre partes particulares.
El principal obstáculo, según detalló, radica en la falta de un actor concreto que impulse la demanda. Es allí donde cobra relevancia la figura del defensor del Pueblo, ya que su rol institucional le permitiría asumir esa representación en casos donde el interés trasciende lo individual y afecta a la colectividad.
El abogado insistió en que la discusión no debe centrarse únicamente en eventuales sanciones penales, sino en eliminar cualquier validez jurídica de documentos que pudieran haber sido obtenidos de manera irregular. En ese marco, planteó que lo esencial es impedir que un título cuestionado continúe teniendo efectos legales o valor dentro del sistema.
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