Alliana plantea una administración estatal temporal de empresas vinculadas a Ueno Bank

Alliana plantea una administración estatal temporal de empresas vinculadas a Ueno Bank

El presidente de la República, Pedro Alliana, remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley que establece un régimen especial de administración temporal para las sociedades vinculadas a Ueno Bank…

El presidente de la República, Pedro Alliana, remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley que establece un régimen especial de administración temporal para las sociedades vinculadas a Ueno Bank S.A., sometidas a un procedimiento de resolución por parte del Banco Central del Paraguay (BCP). La iniciativa apunta a preservar los activos de estas empresas, garantizar la continuidad de sus operaciones y proteger los derechos de los acreedores, en medio de la crisis financiera que afecta al Grupo Vázquez.

Según la exposición de motivos, la propuesta busca evitar que las sociedades vinculadas queden en una situación de incertidumbre que pueda comprometer sus bienes, contratos, capacidad productiva y obligaciones con terceros. El documento sostiene que es necesario establecer un mecanismo de administración que permita conservar los activos y mantener la actividad económica mientras se desarrolla el proceso de resolución de la entidad financiera.

El proyecto contempla la creación de un Consejo de Supervisión de Sociedades Vinculadas, integrado por representantes de la Presidencia de la República, los ministerios de Industria y Comercio, Economía y Finanzas, Trabajo y Seguridad Social, además del Banco Central y la Procuraduría General de la República. Este organismo tendrá facultades para designar administradores temporales, supervisar su gestión y autorizar operaciones relevantes, además de coordinar acciones con las instituciones involucradas.

La iniciativa establece que la administración temporal no implica que el Estado pase a ser propietario de las empresas ni de sus bienes, sino que busca garantizar una gestión ordenada durante el proceso de resolución. El régimen tendrá una vigencia de ocho meses desde la promulgación de la ley, con posibilidad de prórroga. Ahora, el Congreso deberá analizar la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo

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