El Ministerio Público emitió un informe detallado sobre la actuación fiscal durante el allanamiento ejecutado en Guahory, donde unas 200 familias campesinas ocupaban propiedades de forma irregular según los antecedentes. La fiscalía sostiene que los labriegos no presentaron documentación alguna y tampoco abandonaron la zona, pese a que el procedimiento se pospuso durante 6 meses.
La denuncia de invasión de inmueble ajeno, desacato de orden judicial, amenaza de hecho punible, apología del delito y coacción grave, fue presentada por los colonos brasileños mediante el patrocinio de los abogados Rubén Darío Soto Narváez y Nelson David Macoritto, el pasado 30 de diciembre del 2015, según los antecedentes expuestos por la Fiscalía.
El Ministerio Público informó que los denunciantes anexaron los títulos de propiedad que fueron contrastados con las documentaciones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), lo cual confirmó la veracidad de los documentos.
En fecha 8 de marzo del año en curso, una comitiva fiscal-policial y de las Direcciones de DD.HH del Ministerio Público y del Ministerio del Interior, junto a los agentes fiscales designados, se constituyó hasta la colonia Guahory del distrito de Tembiaporâ dando cumplimiento a la Fase 1, el cual consiste en verificar la existencia del lugar que supuestamente está siendo invadido.
Los representantes del Ministerio Público regresaron al lugar con la intención de realizar una verificación in situ pero los campesinos impidieron que accedan al predio, por lo que solicitaron que acerquen los títulos de propiedad o documentos que pudieran servir para acreditar su titularidad, a modo de adjuntarlos a la carpeta fiscal y analizar los papeles. Esto en el marco de la Fase 2.
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