ALGUNOS FUNCIONARIOS JUDICIALES SON INVESTIGADOS POR LA AUDITORÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ALGUNOS FUNCIONARIOS JUDICIALES SON INVESTIGADOS POR LA AUDITORÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia investiga un grupo específico integrado por funcionarios judiciales, abogados del foro y rematadores que se beneficiaban con el otorgamiento de remates judiciales, en violación a una acordada que obliga al sorteo de los mismos. La fiscal María del Carmen Palazón fue designada para tener a su cargo la investigación.  La Oficina de Garantías Constitucionales del Poder Judicial, es la dependencia investigada, donde se realizan los trámites de sorteo de casos de remates entre los rematadores. El Consejo de Superintendencia dispuso la apertura de un sumario y suspensión provisoria del rematador Atilio Estigarribia Salina, y sumarios administrativos a la actuaria judicial María Ortigoza, y el abogado Christian Velázquez. La auditoría realizada en Encarnación permitió comprobar que en dos casos no se cumplieron el mecanismo de sorteo correspondiente para llegar a los remates, violentando así leyes vigentes, lo que llamó la atención. Así, fue ordenada una investigación minuciosa de cómo se dieron los hechos a fin de llegar a las personas involucradas.

ALGUNOS FUNCIONARIOS JUDICIALES SON INVESTIGADOS POR LA AUDITORÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia investiga un grupo específico integrado por funcionarios judiciales, abogados del foro y rematadores que se beneficiaban con el otorgamiento de remates judiciales, en violación a una acordada que obliga al sorteo de los mismos. La fiscal María del Carmen Palazón fue designada para tener a su cargo la investigación. La Oficina de Garantías Constitucionales del Poder Judicial, es la dependencia investigada, donde se realizan los trámites de sorteo de casos de remates entre los rematadores.

El Consejo de Superintendencia dispuso la apertura de un sumario y suspensión provisoria del rematador Atilio Estigarribia Salina, y sumarios administrativos a la actuaria judicial María Ortigoza, y el abogado Christian Velázquez.

La auditoría realizada en Encarnación permitió comprobar que en dos casos no se cumplieron el mecanismo de sorteo correspondiente para llegar a los remates, violentando así leyes vigentes, lo que llamó la atención. Así, fue ordenada una investigación minuciosa de cómo se dieron los hechos a fin de llegar a las personas involucradas.

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