Un fenómeno que caracteriza a la política en nuestro país es la creencia de que quienes llegan a los cargos públicos, sea por elección o por nombramiento, se convierten en “dueños” de la cosa pública. El acceso al poder les significa carta blanca para usar, abusar y depredar la “res pública”.
No hay distingos entre presidentes, vicepresidentes de la República, parlamentarios, magistrados, gobernadores, ni el último intendente o concejal del más ignoto municipio del país, ni de aquel funcionario puesto por algún padrino político en algún ente público solamente para “recaudar”.
Hacer “negocios” con el Estado, per se o por interpósita persona (léase prestanombres), sobrefacturando obras y compras públicas, negociando acuerdos y aprobaciones de decisiones parlamentarias, en fin, las posibilidades son infinitas y libradas a la creatividad del agraciado de turno.
Cuántos de estos “próceres” contemporáneos llegaron pobres a la función pública, y al cabo de un tiempo terminan convertidos en acaudalados personajes cuya fortuna difícilmente puedan justificar con sus dietas o sueldos de funcionarios públicos.
La reflexión viene a cuento de un hecho que inquieta sobremanera a vecinos de Carmen del Paraná, quienes el miércoles pasado salieron a las calles a manifestar su preocupación ante lo que consideran una sospechosa “movida” en la Comuna para enajenar unas 140 hectáreas de tierras municipales a favor de una empresa inmobiliaria de Ciudad del Este, en condiciones de precio y plazo de pago llamativamente ventajosas.
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