San Salvador, 2 jun (EFE).- Una investigación de Amnistía Internacional (AI) en El Salvador determinó que las autoridades estatales estarían perpetrando "graves violaciones" a los derechos humanos en el marco de un régimen de excepción, vigente desde finales de marzo y que suspende garantías constitucionales, y advirtió sobre la posibilidad de "responsabilidad penal internacional".
Esta conclusión se da a conocer cuando comienza el cuarto año de Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien la noche del miércoles dio un discurso a la nación con el tema de derechos humanos ausente y en el que nuevamente criticó a las organizaciones nacionales e internacionales.
"Tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y líderes comunitarios, hemos concluido que aquí hay una situación de graves violaciones a los derechos humanos", sostuvo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, durante una conferencia de prensa en San Salvador.
Las organizaciones salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 1.500 denuncias de atropellos por parte de las autoridades, principalmente por detenciones arbitrarias.
También han documento la muerte de 23 personas detenidas bajo este régimen y que fallecieron bajo custodia estatal.
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