En el Paraguay existen casi 2 millones de personas que no acceden al agua corriente, a pesar de que somos uno de los países con mayor cantidad de agua dulce por persona. Los empresarios argumentan que existen trabas que impiden progresar.
Los empresarios nucleados en la Cámara Paraguaya del Agua, que agrupa a los prestadores privados, expresaron mediante un comunicado que desean seguir invirtiendo en el mejoramiento y la ampliación de la cobertura del sistema de agua potable y alcantarillado, con miras a mejorar las condiciones de vida de miles de compatriotas.
Sin embargo, recuerdan que la promulgación de la ley 1.614 en el año 2.000 prevé la confiscación gratuita de todos los bienes muebles e inmuebles de las aguaterías y además no permite que los mismos se utilicen para garantizar los créditos que necesita el sector para mejorar y ampliar el servicio de agua potable y alcantarillado.
Estas trabas legales paralizaron por completo las inversiones privadas, según lamentan. “Queremos invertir en agua potable y alcantarillado, pero no nos dejan”, sostienen.
Es por eso que solicitan al Gobierno la modificación de algunos artículos de la ley 1.614/2000. “No puede restituirse al Estado algo que nunca fue de él. Esta figura de la restitución, no es otra cosa que una abierta y gratuita Confiscación, que solicitamos sea remplazada por la figura constitucional de la Expropiación, la que debería hacerse previo justo pago en los casos puntuales de expropiación de aguaterías con serios incumplimientos de las disposiciones legales”.
Leer la nota completa en Diario HOY
