Por Aldo Benítez y Aldo Insfran Las cifras estadísticas del actual sistema penitenciario paraguayo dan cuenta de una superpoblación en cada una de las 16 penitenciarias del país, a lo que se suma otro drama, la escasa cantidad de personas condenadas. En ese contexto, de las 12.200 personas que conforman la población penal de Paraguay,... Leer Más
Las cifras estadísticas del actual sistema penitenciario paraguayo dan cuenta de una superpoblación en cada una de las 16 penitenciarias del país, a lo que se suma otro drama, la escasa cantidad de personas condenadas. En ese contexto, de las 12.200 personas que conforman la población penal de Paraguay, el 78% (unos 9.500 reclusos) no tiene condena. La mayoría de estas personas están en estas condiciones por no contar con recursos económicos para solventar sus gastos judiciales, pagar un abogado y apurar sus casos.
Actualmente, el presupuesto destinado para las penitenciarías en Paraguay –sin contar con los centros educativos para menores– llega a los G. 41.736 millones, según el Programa Anual del Ministerio de Justicia para este año. De esta cifra, la mayor parte se concentra en la cárcel de Tacumbú, que registra como presupuesto unos 11.547 millones para el 2016.
Mientras estas 9.500 personas privadas de su libertad deambulan por las cárceles, sin tener idea de qué ocurrirá con su futuro, otro grupo de paraguayos tiene un trato diferente por parte de la Justicia. En este contexto, se puede mencionar a los políticos con respaldo económico, que a pesar de estar investigados por hechos de corrupción que dejaron millonarios desfalcos al aparato estatal paraguayo, nunca tuvieron que pisar penitenciaria alguna, ya que la Justicia les acepta las millonarias fianzas o dilatar sus procesos por años.
Esta misma situación se presenta con empresarios influyentes vinculados a grandes defraudaciones o vaciamientos de instituciones financieras, por ejemplo, el caso conocido como “Megaevasión” y el de Ára SA de Finanzas.
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