La fiscalía acusó y pidió juicio oral para dos funcionarios de Senavitat y para otros cuatro particulares que supuestamente desviaron G. 12.000 millones de la institución, a través de cooperativas. El dinero debió utilizarse para construir 321 viviendas que estaban previstas en 12 proyectos. Fue durante la gestión del ministro interino Hugo Núñez Alvarenga, imputado al principio pero cuyo sobreseimiento definitivo se solicitó ahora.
La fiscala Yolanda Portillo, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentó ayer acusación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.
La agente del Ministerio Público solicitó que enfrenten juicio oral por el hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor por el supuesto desvío de G. 12.000 millones, Camilo Aníbal Recalde Dávalos, quien se desempeñaba en el Servicio de Asistencia Técnica (SAT) de la Senavitat, y era el encargado de gerenciar todo el proyecto.
La fiscala Portillo también acusó por el desvío de fondos por la complicidad de las empresas constructoras CISA, a cargo de Oscar Luciano Barreto, que debía construir casas prefabricadas, y la constructora Área, de Hugo César Acevedo, encargada de las viviendas tradicionales.
También fueron acusados por la complicidad los extitulares de las cooperativas Mi Casita, Carol Patricia Turrini Ayala, y Carlos Antonio Valenzuela, de Ñapu’ã haguã. Estas cooperativas recibieron el aporte de Senavitat, y debían conceder los préstamos a los interesados en las viviendas, previo aporte del 5%. También debían ejecutar las pólizas de cumplimiento, pero no lo hicieron.
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