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Acusan y piden juicio oral para policías de la Brigada Central que extorsionaron a una pareja

Acusan y piden juicio oral para policías de la Brigada Central que extorsionaron a una pareja

Se trata de los agentes Víctor José Luis Velázquez Vera, Liz Marlene González Belotto, Juan Javier Arévalos Sosa, quienes fueron acusados por el fiscal Federico Delfino. Según los antecedentes, los uniformados habrían extorsionado a una pareja solicitándoles 50 millones de guaraníes.

Se trata de los agentes Víctor José Luis Velázquez Vera, Liz Marlene González Belotto, Juan Javier Arévalos Sosa, quienes fueron acusados por el fiscal Federico Delfino. Según los antecedentes, los uniformados habrían extorsionado a una pareja solicitándoles 50 millones de guaraníes. El fiscal Federico Delfino Gines, fiscal delegado de la Unidad Especializada de Antisecuestros, formuló acusación contra Víctor José Luis Velázquez Vera, Liz Marlene González Belotto, Juan Javier Arévalos Sosa por los siguientes hechos punibles de privación de libertad, extorsión, extorsión agravada, asociación...

La representación fiscal ha reunido suficientes elementos para sostener la acusación contra los mismos y solicitar la elevación de la causa a juicio oral y público, sustentados en las pruebas documentales, testificales y las evidencias colectadas en la etapa investigativa. Consideradas válidas y aptas para demostrar los hechos punibles denunciados y la autoría de los acusados en los hechos investigados.

De acuerdo a los antecedentes, los efectivos policiales de la Brigada Central del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles, con sede en San Lorenzo, habrían extorsionado y privado de su libertad a sus víctimas, durante el ejercicio de sus funciones. El episodio se había registrado el 03 de febrero del 2021.

Las víctimas fueron identificadas como Osvaldo Ramón Peralta Acosta y Mirtha Isabel Torres, quienes poseían varias órdenes de capturas por estafa, situación utilizada por los acusados para coaccionar y extorsionar a las víctimas, exigiéndoles la suma de 50 millones a cambio de no dar cumplimiento a las órdenes Judiciales y fiscales de captura. Además de amenazarlos con involucrarlos en otros hechos punibles, incluso hasta de muerte.

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