La abogada Sary Hellman afirmó en entrevista con Central Radio 1140 AM que la denuncia presentada por una funcionaria municipal por presuntos hechos ocurridos en el ámbito laboral habría sido filtrada antes de diligencias clave. Durante una entrevista concedida a Central Radio 1140 AM, la abogada Sary Hellman relató que la denuncia fue formalizada el día anterior ante la Fiscalía de turno en Lambaré, pero sostuvo que antes de que la víctima prestara declaración testifical y recibiera asistencia psicológica, los denunciados ya contaban, según su versión, con copia de las documentaciones presentadas. Recusación y pedido de traslado de la causa Ante lo ocurrido, la defensa de la víctima anunció la presentación de una recusación contra la fiscal interviniente y otros agentes de la sede fiscal de Lambaré, solicitando que el caso sea derivado a otra unidad del Ministerio Público.
La abogada Sary Hellman afirmó en entrevista con Central Radio 1140 AM que la denuncia presentada por una funcionaria municipal por presuntos hechos ocurridos en el ámbito laboral habría sido filtrada antes de diligencias clave. Anunció la recusación de la fiscal interviniente y pidió garantías de imparcialidad.
Durante una entrevista concedida a Central Radio 1140 AM, la abogada Sary Hellman relató que la denuncia fue formalizada el día anterior ante la Fiscalía de turno en Lambaré, pero sostuvo que antes de que la víctima prestara declaración testifical y recibiera asistencia psicológica, los denunciados ya contaban, según su versión, con copia de las documentaciones presentadas.
“Ya tenían toda la denuncia completa con las instrumentales”, afirmó la profesional, quien calificó el hecho como una “filtración” desde el propio Ministerio Público.
El concejal Lorenzo Mendieta acusado por Coacción Sexual, Acoso Sexual y Violación y el intendente Guido González por Omisión de Aviso de un Hecho Punible y Cohecho Pasivo Agravado, en relación con la denuncia presentada. No obstante, la abogada evitó brindar detalles específicos sobre la calificación jurídica de los hechos, alegando restricciones establecidas por una acordada que, según indicó, limita a los profesionales a divulgar información precisa durante la etapa investigativa.
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