La ahora exfiscal Ana Girala se sentará en el banquillo de los acusados junto con dos de sus colaboradoras más cercanas, que de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, se valieron de su influencia en la Fiscalía Nº 1 de San Lorenzo para obtener beneficios personales a costa de torcer procesos hacia un sector determinado en disputa.
La audiencia preliminar del pasado 19 de octubre determinó que Girala al igual que la secretaria Fiscal Griselda Acha, Christi Magalí Ortega Domínguez, asistente Fiscal, a quienes se las sindica como responsables de hechos punibles que van desde extorsión, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, persecución de inocentes y asociación criminal.
La conmoción en torno al caso tiene relación a que las citadas ejercían funciones en el órgano responsable de la persecución penal en representación de la sociedad, defendiendo la constitución y las leyes.
Sin embargo, la acusación a cargo del fiscal Osmar Legal, describió la forma en que la Fiscalía 1 de San Lorenzo, una de las localidades más pobladas del departamento Central, se convirtió en el epicentro de graves irregularidades, cuando su naturaleza misional debía ser diametralmente opuesta.
El requerimiento conclusivo refiere que a la cabeza de esta estructura de aprietes para diversos beneficios desde dinero en efectivo hasta mesas de fino lapacho para quinchos, se situaba Ana Girala, seguida de sus subalternas en segunda línea y una tercera línea integrada por Liz Elena Martínez Robles, abogada, por la comisión de los hechos punibles de Extorsión, Tráfico de Influencias y Asociación Criminal, en calidad de autora y coautora; Marcos Aurelio Velazco Mendoza, abogado por la comisión de los hechos punibles de Soborno Agravado, Tráfico de Influencias y Asociación Criminal, en...
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