Moraes aceptó un pedido presentado el lunes por el procurador general de Brasil, Augusto Aras, para investigar una “posible violación de la Ley de Seguridad Nacional” en los actos que exaltaban la dictadura militar en el país (1964-1985), así como la presunta organización y financiación de las manifestaciones, según informó el Supremo Tribunal Federal (STF) en un comunicado.
En su decisión, el magistrado consideró que los actos del pasado domingo son “gravísimos”, pues atentan contra “el estado democrático de derecho brasileño y sus instituciones republicanas”. La investigación deberá correr bajo secreto de Justicia.
El pasado domingo, centenares de manifestantes salieron a las calles a favor de Bolsonaro y contra las medidas de aislamiento adoptadas por diversos gobernadores del país para frenar el avance del coronavirus, que ya deja 2.741 muertos y 43.079 casos en Brasil.
Los participantes también invocaron, con gritos y carteles, la vuelta del llamado Acto Institucional 5 (AI-5), instaurado en 1968 por el régimen militar y que marcó el inicio del periodo más violento de la represión de la dictadura que gobernó Brasil por 21 años. El propio mandatario participó en los actos, sin mascarilla o guantes, donde afirmó que su Gobierno lucha contra “la vieja política” y que no quiere “negociar nada”. “Ahora está el pueblo en el poder y no queremos negociar nada”, recalcó Bolsonaro, cuyas declaraciones fueron rechazadas por sectores ciudadanos, civiles y políticos...
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