Funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informaron ayer que las autoridades y asesores del ente colaboran con el Gobierno de turno para aplicar una acelerada reforma del Código Electoral. Este punto es la principal condición de la oposición para debatir una convención constituyente.
Sin embargo, según trascendió, existe consenso para una reforma electoral, pero no tendría la misma suerte una nueva Constitución. Esta es una iniciativa del presidente Mario Abdo Benítez (ANR, Añetete) y que actualmente coordina el viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Juan F. Villalba.
Entre las prioridades de la reforma electoral no aparece el desbloqueo de “listas sábana”, es decir, se mantendría la elección con lista cerrada, lo que permite que los políticos cuestionados y procesados sigan ingresando al Congreso y en otros colegiados.
En la reforma electoral solo se impulsarían algunos proyectos relacionados a la utilización de urnas electrónicas, que alcanzaría una inversión cercana a los US$ 100 millones. Este costo era el principal argumento para no aplicar el desbloqueo y ahora se gastará la misma cifra para controlar los votos sin contemplar el reclamo ciudadano.
Además se plantearían proyectos como subsidiar el transporte público el día de las elecciones y aplicar leyes que sancionen a los electores que no acudan a depositar su voto, iniciativa calificada como “muerte civil” del ciudadano, negándole derechos a becas o renovación de cédulas. El Gobierno no tiene objeciones para debatir sobre la reforma del Código Electoral, si esa es la voluntad de los sectores políticos que están siendo invitados para una mesa de diálogo el 12 de setiembre próximo. Esto fue lo que afirmo días atrás el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.
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