A pesar de que existe una orden judicial para que la Contraloría entregue las declaraciones juradas de las autoridades de los tres poderes del estado, esta institución recurrió a través de una apelación. El Director Jurídico dice que no es que no quieran entregar la información, sino que solo se ajustan a que los datos deben ser requeridos por un magistrado competente.
A pesar de que existe una orden judicial para que la Contraloría entregue las declaraciones juradas de las autoridades de los tres poderes del estado, esta institución recurrió a través de una apelación. El Director Jurídico dice que no es que no quieran entregar la información, sino que solo se ajustan a que los datos deben ser requeridos por un magistrado competente. “No existe la mentada resistencia a proveer. Existe una disposición legal que nos obliga a ajustar los actos administrativos a lo que dice la ley”, dijo Núñez a ABC Cardinal. Explicó que la Ley 5.033 de 2013, en su artículo 3...
Expone que, de acuerdo a la ley, las declaraciones juradas son sometidas a un proceso de contrastación de rentas o bienes al entrar y al salir de la función pública, o cuando existe un proceso judicial que amerite dicho análisis.
En materia de derechos penales -dice Núñez- el principio de conductas penales dice que "el Estado no puede intervenir en mi conducta salvo aquellas que no estén previstas en las leyes. Esto sucede al contrario en el servidor público, quien solo puede hacer aquellos actos administrativos expresamente previstos en la ley, y en materia de declaraciones juradas, solo se puede proveer por orden judicial.
“Qué beneficio o interés podría tener la Contraloría en ocultar o no proveer, si somos simples depositarios de esos documentos”, refirió.
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