Una reciente inspección judicial confirmó que en la cárcel de Tacumbú, en abierta violación a la Constitución, las leyes y tratados internacionales, siguen los problemas de hacinamiento y la mezcla de procesados con condenados. Se corroboró también que presos con poder económico tienen acceso a los mejores espacios físicos. Incluso se advirtió que debido a la precaria instalación eléctrica del reclusorio había riesgo de incendio.
El jueves pasado, un día antes del siniestro, la jueza de Ejecución Yolanda Morel, ante un pedido de tutela que presentó la fiscala Celia Beckelmann, ordenó y emplazó por 90 días a las autoridades de la Penitenciaría Nacional y del Buen Pastor para adecuar dichos establecimientos, que en las condiciones actuales atentan contra la dignidad humana.
En el Auto Interlocutorio N° 819 del 9 de junio pasado, luego de una serie de diligencias, hizo lugar a la tutela que presentó la fiscala Beckelmann el 11 de mayo pasado, ante la abierta violación de los derechos de las personas privadas de su libertad en Tacumbú y Buen Pastor.
“La petición de tutela jurisdiccional no es ningún tipo de demanda ni acción de ningún fuero contra la institución penitenciaria, sino lo que reza su nombre, es la petición de intervención de un juez para subsanar una falta de atención o atropello de los derechos de una persona privada de su libertad, ya sea procesada o condenada”, señaló la agente del Ministerio Público.
A partir de la presentación de Beckelmann, la jueza dispuso una serie de diligencias para corroborar la situación de presos en la Penitenciaría Nacional y la cárcel de mujeres, entre ellas la constitución de la Lic. Silvia Ruiz Díaz, trabajadora social de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución.
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