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Una mujer sobreviviente de violencia extrema denuncia que su agresor recibió prisión domiciliaria a 200 metros de su vivienda, sin notificación previa ni medidas de control adecuadas.
El sistema judicial volvió a mostrar sus graves falencias en la protección de víctimas de violencia de género. Noelia Leguizamón, quien estuvo al borde de la muerte tras ser brutalmente agredida por su expareja, denunció públicamente que su agresor recibió el beneficio de prisión domiciliaria y ahora reside a escasos 200 metros de su hogar, violando la restricción legal de 500 metros que debería garantizar su seguridad.
La aterradora situación se desencadenó este martes cuando la víctima se enteró por sus propios medios que el hombre, quien había sido recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en octubre pasado, había sido liberado y trasladado a la casa de su padre. “No me notificaron y tampoco a mi abogado que le otorgaron la prisión domiciliaria”, reclamó Leguizamón, quien expresó su temor y desesperación ante la proximidad geográfica con quien intentó asesinarla.
La decisión del magistrado interviniente resulta aún más cuestionable al conocerse que el beneficio fue otorgado sin la implementación de un dispositivo de monitoreo electrónico, comúnmente conocido como tobillera electrónica. Este elemento, fundamental en casos de alto riesgo, permitiría al menos un control mínimo sobre los movimientos del agresor, quien según relató la víctima, la atacaba frecuentemente cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol o las drogas.
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