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El estudio jurídico Salomoni & Asociados, representado en la región por la abogada Sandra Martínez y su esposo, el exagente fiscal, Horacio Bisso, estaría manejando a su antojo las unidades especializadas en la “lucha de hechos punibles contra la propiedad intelectual y el erario” en el área penal número X del Ministerio Público, más conocido como de “marcas”.
Así se desprende de mismos funcionarios removidos y comerciantes de la zona, quienes pidieron el resguardo de su identidad por las represalias que hasta pudieran determinar el cierre de sus comercios.
Estos últimos, son obligados por la representante de multinacionales al pago de un determinado monto mensual en dólares por “protección” para comercializar mercaderías falsificadas en la región, solapando procedimientos para los que también están siendo utilizados jueces de la circunscripción, quienes firman los mandamientos de allanamientos a aquellos comerciantes que se niegan al sometimiento.
El “superintendente” Adolfo Santander, se habría tornado en el niño mimado para las recaudaciones en negro que, posteriormente son divididos entre los protagonistas. Tanto él como su colega, Julio César Paredes, habían sido asistentes del entonces fiscal Horacio Esteban Bisso y hoy siendo fiscales, se limitan a cumplir las órdenes de Sandra Martínez, a cambio de cuantiosas cifras en dólares.
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