Posiblemente en marzo próximo, la Coopemag, una de las cooperativas más antiguas del país, formada por funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, perderá su última propiedad, situada en San Lorenzo, que será rematada, como ya ocurrió con la sede central y la sede social. Tiene deudas por US$ 3,2 millones. En estos días, sus exdirectivos fueron acusados por la fiscalía de corrupción.
La cooperativa Coopemag, en su momento una de las más fuertes y antiguas, se encuentra en proceso de liquidación desde abril de 2015 y así como están las cosas ya no existe ninguna posibilidad de que tenga por lo menos un final digno, porque es muy difícil que llegue a cubrir sus deudas, que han trepado a por lo menos G. 19.000 millones (US$ 3,2 millones al cambio actual), según admitió ayer ante nuestra consulta el presidente de la Comisión Liquidadora de la entidad, Carlos Basualdo, electo por los socios el año pasado.
Esas cuentas en mora corresponden a los casos judicializados, en su mayoría por otras cooperativas que habían prestado o depositado cuantiosos fondos en Coopemag. Entre ellas, Cencopan (G. 6.500 millones), Credicoop (G. 1.000 millones), Coomecipar (G. 800 millones), Medalla Milagrosa (G. 325 millones), Lambaré (G. 300 millones) y Copacons (G. 250 millones), entre otros. “Los montos son aproximados”, dice Basualdo, quien aclara que está renunciante.
Parte de los compromisos impagos fueron cubiertos, por la vía judicial, tras los remates, primero de la sede central (F. R. Moreno c/ EE.UU.), que se vendió en G. 501 millones el 26 de noviembre de 2015, y luego la sede social, en Mariano R. Alonso, que antes de que expirara el 2015, el 30 de diciembre, se vendió en G. 1.510 millones. En ambos casos el comprador fue Cencopan, una de sus mayores acreedoras. “Y ahora ya solo queda la sede de la que fue la sucursal de San Lorenzo, cuya orden de remate también ya fue dada”, confirmó la fuente.
Entre los acreedores se encuentran también numerosos ahorristas, a quienes se les debe por lo menos unos G. 2.000 millones, muchos de ellos ya convertidos también en casos judicializados.
Leer la nota completa en Diario ABC