El ingreso de una escribana al penal de Tacumbú para formalizar un poder empresarial de Miguel Vázquez, procesado en la causa Ueno, generó cuestionamientos debido a las restricciones judiciales que pesan sobre el empresario. Ante las consultas, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó qué disposición habilita el acceso de profesionales a las penitenciarías y por qué considera que el procedimiento no representa ningún privilegio ni pone en riesgo la investigación penal.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que una escribana ingresó al Centro Nacional de Prevenidos (expenal de Tacumbú) para formalizar el poder general otorgado por el empresario , en representación del Grupo Vázquez S.A., el pasado 6 de noviembre. El secretario de Estado defendió el procedimiento y sostuvo que el ingreso de escribanos y abogados a los establecimientos penitenciarios está contemplado en la ley.
“Efectivamente, la escribana se constituyó” para la firma del poder general, manifestó Nicora al ser consultado sobre el documento formalizado dentro del penal, donde Vázquez se encuentra recluido en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras relacionadas con Ueno Bank.
El ministro explicó que sería irregular que un documento de estas características fuera enviado al establecimiento penitenciario para que el procesado lo firmara sin la presencia de la escribana. Según indicó, los internos deben otorgar sus poderes ante un notario público y este tipo de procedimientos se realiza habitualmente en las penitenciarías.
“El ingreso de un escribano o de un abogado está contemplado en la ley”, afirmó.
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