El Tribunal de Sentencia Especializado integrado por Ines Galarza, Pablino Barreto y Juan Dávalos confirmó la prisión preventiva de Andrea Segovia Landaira, supuesto miembro de una banda de microtraficantes que operaba en el departamento Central, entre 2020 y 2022, y liderada por Francisco Javier Portillo. Dicho Tribunal Colegiado considera que no se encuentran reunidos los […]
El Tribunal de Sentencia Especializado integrado por Ines Galarza, Pablino Barreto y Juan Dávalos confirmó la prisión preventiva de Andrea Segovia Landaira, supuesto miembro de una banda de microtraficantes que operaba en el departamento Central, entre 2020 y 2022, y liderada por Francisco Javier Portillo.
Dicho Tribunal Colegiado considera que no se encuentran reunidos los presupuestos establecidos para sustituir la medida cautelar de prisión preventiva que pesa contra la Sra. Andrea Beatriz Segovia Landaira ya que no han variado las circunstancias esgrimidas en la resolución que decreta la prisión preventiva contra la misma, para desvirtuar el peligro de fuga y obstrucción, más aún teniendo en cuenta que la causa se encuentra pendiente de realización de juicio oral y público.
En cuanto al inc. 4 del artículo 252 (invocado igualmente por la defensa), se tiene que la misma (norma) ordena la revocación de la prisión preventiva cuando ésta haya adquirido las características de una pena anticipada. En el caso en estudio, se debe tener en cuenta que la señora Andrea Beatriz Segovia se halla acusada por los hechos punibles tipificados en los arts. 13 y 44 de la Ley N° 1340/88 y 292 inc. 1 primera alternativa del Código Penal
Esto a criterio de los magistrados significa que en el caso del concurso de hechos, el mínimo previsto como sanción sería el de 5 años, lo que a su vez implica que el tiempo que la señora Andrea Beatriz Segovia se halla privada de libertad. no puede ser considerado bajo ningún punto de vista como pena anticipada ni mucho menos desproporcional en relación con la pena que puede ser impuesta, habida cuenta (como se dijo que el mínimo previsto para el caso en que la acusada sea hallada culpable del hecho que se le atribuye, es el de 5 años.
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