La fiscala Sonia Mora imputó por desacato de una orden judicial al actual presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas.
La desobediencia a una orden judicial fue incorporada a nuestro Código Penal en el 2012 y establece una pena de hasta 5 años de cárcel “si el autor cometiere el desacato mediando apercibimiento escrito y previo de la autoridad judicial, o fuere un funcionario público, empleado o contratado por el Estado”, que es el caso de Justo Cárdenas.
Esto es así porque la fiscala Sonia Mora corroboró que el titular del Indert incumplió una resolución de la jueza penal de garantías N° 6, Rosarito Montanía en un juicio de amparo que salió favorable a Vicente Gómez de la Fuente, pese a la disposición de que tenía 20 días para hacer efectiva la orden de la magistrada.
En este caso en particular, la jueza Rosarito Montanía reconoció que remitió los antecedentes de Cárdenas al Ministerio Público.
La agente indica en su imputación que en este amparo, Montanía otorgó a Cárdenas un plazo de 20 días para remitir los datos un inmueble de 1.200 hectáreas ubicado en el departamento del Alto Paraná, que fueron solicitados por su presunto dueño y amparista, Vicente Gómez de la Fuente.
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