José Antonio Caballero, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines, rechazó que junto a su Consejo de Administración hayan cometido el delito de lesión de confianza, provocando un perjuicio directo de más de G. 400 millones, suma que podría trepar a casi G. 4.000 millones.
Caballero dijo a ABC que la promoción para obtener créditos ventajosos para los miembros de la Caja está prevista como una de las atribuciones del Consejo. Para realizar esta promoción se utilizaron varias entidades crediticias, y no solamente la firma Karaku SRL, que apenas otorgó el 10% del total de préstamos, que en total ascendió a los G. 14.000 millones.
Caballero igualmente manifestó que desconocían que Karaku SRL había sido creada por el exgerente general de la Caja de Jubilaciones César Rodrigo Amarilla. Supuestamente, esta firma utilizó dinero de la misma Caja para otorgar los créditos, según la fiscala Victoria Acuña, quien imputó la semana pasada.
Caballero aseguró que la promoción de créditos para los afiliados de la Caja, no produjo pérdidas, sino ganancias a la entidad, y que este extremo lo explicará durante el proceso penal.
Además de los nombrados, también fueron imputados los miembros del Consejo de Administración Miguel Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro y Xavier Hamuy Campos Cervera. La causa recayó ante el juez penal Alcides Corbeta.
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