La sociedad, dividida por varios motivos –clubes de fútbol, partidos políticos, religión, idioma, estatus social y económico– lo está también por otras razones, por ejemplo entre quienes vivimos de nuestros trabajos y quienes viven del subsidio. Estos últimos no son solamente personas y familias castigadas por la pobreza, porque subsidios los hay también para grandes productores, industriales y empresarios del servicio, como los del transporte público.
Este tema de antigua data, volvió nuevamente al tapete en estos días con el proyecto de ley de Emergencia Social y Alimentaria por un año en la República Argentina, además de aumentar la Asignación Universal por hijo.
La postura de Horacio Olmedo, único diputado que se opuso a la propuesta del gobierno del presidente Macri, tuvo amplia repercusión en los medios de comunicación de la Argentina y de otros países del continente por el coraje de llamar las cosas por su nombre y de sobreponerse al bullying que le hicieron en los paneles donde le cupo actuar, aun cuando su intervención cosechó elogios de varios analistas y personalidades de la política y la economía.
El subsidio, como bien lo conocemos también aquí, es dinero que el Estado entrega a personas, familias o empresas del sector privado sin exigir devolución y tampoco retribución en especie. Se recurre a este procedimiento generalmente para construir obras, sustituir ingresos caídos, mantener bajos los precios de productos de fabricación nacional, cubrir las necesidades básicas de familias pobres o de personas de la tercera edad, desocupación, etc.
Siempre se encuentra en medio de la polémica entre los intervencionistas o estatistas que lo consideran como el reparador de las desigualdades y los liberales que ven en él un elemento distorsionador de la economía de mercado. Cuando ambos sectores coinciden en la necesidad de conducir por esa vía la solución de los problemas de la pobreza y la desigualdad es cuando nos aproximamos peligrosamente al populismo.
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