MADRID (AFP). El duelo entre el Gobierno español e independentistas catalanes alcanzará una nueva dimensión el lunes próximo con el proceso judicial al expresidente regional Artur Mas por organizar una consulta sobre la secesión.
Artur Mas –presidente catalán de 2010 a 2016–, su exvicepresidenta Joana Ortega y la exresponsable de Educación Irene Rigau responderán a los cargos de desobediencia y prevaricación. En su defensa argumentan que garantizaron “el derecho a la libertad de expresión” de los catalanes que querían pronunciarse sobre el futuro de esta región de 7,5 millones de habitantes.
Según la acusación, deberían ser inhabilitados para ejercer cargos públicos tras haber organizado el 9 de noviembre de 2014 en escuelas y con material público una consulta sobre la independencia de Cataluña prohibida por el Tribunal Constitucional español.
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