Puerto Ordaz (Venezuela), 20 jun (EFE).- Una semana después del despliegue militar de Estados Unidos y Venezuela que terminó con la muerte de uno de los líderes criminales más buscados de Suramérica, Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, la incertidumbre se apodera de algunas zonas mineras en el sureste del país caribeño.
Poblaciones como Las Claritas, el Kilómetro 88 y zonas aledañas, en el estado Bolívar -el más grande de Venezuela, de unos 240.000 kilómetros cuadrados y donde se ubica el codiciado Arco Minero del Orinoco-, se preguntan por el paradero de otros cabecillas de organizaciones delictivas, el alcance de la operación y las consecuencias que traerá para esta región, cuya principal moneda es el oro.
"El pueblo está tranquilo. Se han rechazado los saqueos y es la única protesta que se ha hecho. Los primeros días nadie quería abrir los negocios. Después íbamos viendo cómo se desarrollaba la situación, pero no se dice nada más", dijo a EFE Laura, una residente de Las Claritas que decidió utilizar un seudónimo para identificarse por motivos de seguridad.
En estas áreas en el sur de Venezuela, próximas a la frontera con Brasil y al territorio en reclamación con Guyana, la dinámica diaria está marcada por el control de líderes de grupos irregulares armados que impusieron su propia ley. Laura, por ejemplo, cuenta que ellos pueden llegar a aliarse con las autoridades.
Sin embargo, el martes 9 de junio los habitantes de Las Claritas fueron sorprendidos por un despliegue de fuerzas de seguridad que apuntaba contra estas estructuras criminales.
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