La reciente ejecución de Huang Lin-kai reavivó la controversia sobre la pena capital en Taiwán, donde activistas exigen su abolición y expertos advierten sobre motivaciones políticas detrás de la aplicación de la condena.
En enero de 2025, Taiwán ejecutó a Huang Lin-kai, declarado culpable de un doble homicidio en 2013, marcando la primera aplicación de la pena de muerte en cinco años y reabriendo un debate que divide a la sociedad y a los expertos. La ejecución ocurrió pocos meses después de un fallo histórico del Tribunal Constitucional, que restringía el uso de la pena de muerte a los casos de homicidio doloso más graves y exigía salvaguardias estrictas.
El ministro de Justicia, Cheng Ming-chien, defendió la decisión, señalando que la condena fue revisada a fondo, con unanimidad en los tribunales y agotando todos los recursos legales. Sin embargo, organizaciones internacionales, como Proyecto Pena de Muerte, denunciaron que Huang fue ejecutado mientras su apelación estaba pendiente, con un aviso de menos de cuatro horas, calificando la medida como "sumaria e ilegal".
La pena de muerte en Taiwán se aplica mediante disparos al corazón, con el condenado sedado y acostado boca abajo, y actualmente 36 presos se encuentran en el corredor de la muerte, con un tiempo promedio de espera de 13 años.
Expertos como Catherine Appleton consideran que la ejecución tuvo un componente político: enviar un mensaje público de respaldo a la pena capital, especialmente bajo el nuevo presidente Lai Ching-te, en funciones desde 2024. Saul Lehrfreund, codirector de Proyecto Pena de Muerte, también calificó la ejecución como arbitraria y política, señalando que socava la reputación democrática de Taiwán.
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