Cuando escuché que México está liderando la ofensiva diplomática en la Organización de Estados Americanos (OEA) para restaurar la democracia en Venezuela, me costó creerlo. Pero, sorprendentemente, así es, y, al margen de sus motivaciones, se trata de algo que puede tener derivaciones muy positivas.
El nuevo activismo prodemocrático de México es un giro mayúsculo de la tradición de tolerancia con las dictaduras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Enrique Peña Nieto. Si es algo más que una estrategia del presidente mexicano para cortejar al presidente Trump antes de las negociaciones de libre comercio entre Estados Unidos y México, podría tener un gran impacto en la defensa colectiva de la democracia en la región.
“México, seguido por Canadá, ha sido el líder del nuevo esfuerzo regional en la OEA para restaurar la democracia a Venezuela”, me dijo José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de la organización Human Rights Watch. “Tiene un peso político enorme en la región, porque ha logrado ayudar a mover a gobiernos como los de Brasil, Chile y Uruguay en la dirección correcta”.
Durante los 71 años seguidos en que gobernó en el siglo XX, el PRI se caracterizó por su negativa a condenar a las dictaduras bajo el pretexto de defender el principio de no intervención. En realidad, el PRI usaba ese principio como escudo para evitar que otros países examinaran sus propios abusos contra la democracia y los derechos humanos.
Desde la Revolución Cubana de 1959, los gobiernos del PRI de México fueron una importante fuente de apoyo a Cuba. Es cierto que hubo excepciones, como ocurrió durante el gobierno priista del ex presidente Ernesto Zedillo en 1999. Y México se alejó más de Cuba cuando el candidato opositor Vicente Fox asumió la presidencia en el 2000, y su secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda apoyó a las ofensivas diplomáticas a favor de la democracia en la región.
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