La convocatoria por excepción del TSJE para arrendar 18.000 máquinas de votación, por USD 35 millones, podría quedar en manos de un solo oferente, lo que genera una cadena de denuncias por direccionamiento, vínculos empresariales con el oficialismo y fallas en la transparencia del proceso.
La licitación para arrendar 18.000 máquinas de votación electrónica de cara a las elecciones municipales de 2026 quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que solo un consorcio, Comitia-MSA, se presentara a competir por el contrato. Aunque aún no existe adjudicación, el hecho de que haya un único oferente en un negocio que supera los 34 millones de dólares generó sospechas de direccionamiento, tensiones en los órganos de control y un creciente debate público sobre la transparencia del proceso y el futuro del voto electrónico.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral impulsó un llamado por excepción para el arrendamiento de 18.000 máquinas de votación electrónica, identificada como ID 476.307. La contratación incluye software, soporte técnico, logística y todos los servicios operativos necesarios para las internas partidarias y las municipales de 2026. El costo estimado supera los 34 millones de dólares, provenientes del presupuesto público.
El TSJE argumentó que la urgencia del cronograma electoral obligaba a adoptar esta modalidad, luego de haber cancelado meses atrás una licitación internacional para la compra de máquinas nuevas. Sin embargo, esa urgencia se convirtió en el detonante de múltiples sospechas. El pliego recibió más de un centenar de protestas de empresas interesadas, que denunciaron supuestos requisitos restrictivos, indicios de direccionamiento y condiciones que favorecían a un proveedor específico.
La escena se tensó aún más cuando, al momento de la apertura de sobres, el TSJE confirmó que solo un consorcio se presentó a competir por el contrato.
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