Rechazo e indignación se registró este jueves por parte de personas con discapacidad ante la postura del Congreso. El Senado ni siquiera analizó el proyecto de pensión.
En lugar de abordar la iniciativa, el Senado optó por sancionar la propuesta de manera automática, dejando la responsabilidad del análisis sobre el impacto presupuestario al Ejecutivo, que decidirá si veta o promulga la ley.
El proyecto, que lleva más de un año de espera en el Congreso, busca establecer una pensión de G. 680.000 (equivalente al 25% del salario mínimo) para las personas con discapacidad. Sin embargo, los senadores prefirieron no tratarlo, mientras se encuentran en el centro de la polémica por aprobarse a sí mismos un aumento salarial de G. 6 millones.
La contradicción generó fuertes críticas en la ciudadanía, especialmente entre sectores de la población que luchan por los derechos de las personas con discapacidad.
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