La crisis financiera desatada por el colapso de Ueno Bank reavivó el debate sobre los conflictos de intereses en la función pública. Un grupo de senadores de la oposición presentó un proyecto de ley para restablecer los mecanismos de prevención, control y sanción que fueron debilitados mediante sucesivas modificaciones impulsadas por el oficialismo colorado.
La iniciativa lleva la firma de los legisladores Rafael Filizzola, Yolanda Paredes, Esperanza Martínez, Ignacio Iramaín y José Oviedo, quienes plantean recuperar el espíritu original de la Ley N.º 7089, promulgada en abril de 2023, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
La normativa, conocida como ley de «puerta giratoria», fue concebida para establecer restricciones al tránsito de altos funcionarios entre el sector público y las empresas privadas, especialmente cuando existe una relación directa entre las actividades empresariales y las instituciones que anteriormente estuvieron bajo su responsabilidad.
El objetivo era impedir que quienes ocuparon cargos estratégicos en el Estado aprovecharan información privilegiada, contactos o decisiones adoptadas durante su gestión para favorecer intereses particulares o beneficiarse posteriormente en el ámbito empresarial.
Sin embargo, durante el gobierno de Santiago Peña, la legislación sufrió modificaciones que, según los proyectistas, redujeron considerablemente su capacidad para prevenir y sancionar estas situaciones. El último cambio se produjo en diciembre de 2025, cuando el Senado ratificó las modificaciones introducidas a la normativa.
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