El ministro del Interior, Francisco De Vargas, refirió que las evidencias incautadas hasta el momento sobre el asesinato del intendente de Tacuatí le dan más peso a la hipótesis referente a un crimen por encargo con trasfondo político.
Recordemos que tras los allanamientos realizados hoy por la fiscala Fani Aguilera y el jefe Antisecuestro, Gilberto Fleitas en la localidad de Tacuatí, fueron detenidos el concejal colorado Alfredo Sosa Riella, concejal colorado con varios antecedentes policiales, además de los políticos colorados Sindulfo Franco y Juan López, el hijo del presidente de la Junta Municipal, Jorge Ramón Larrea, e Hipólito Larrea, del Frente Guasu. Este último no fue detenido como sospechoso por el homicidio del jefe comunal Ramón Carrillo, sino por tenencia de marihuana.
Sobre el caso, el titular de la cartera de Interior señaló hoy que además de los políticos de la zona que ya fueron detenidos, habrá más aprehensiones en los siguientes días. “No voy a anticipar cuáles serán porque se puede frustrar el desarrollo de la investigación”, agregó De Vargas.
Ante la insistencia de los miembros de la prensa, el ministro se animó a dar una suerte de conclusión personal de lo que pudo haber pasado en el caso del intendente. “Voy a dar una hipótesis: no veo otro interés que los fondos de Fonacide y de Royaltíes con los cuáles fue beneficiada la comuna de Tacuatí últimamente. La administración del dinero. Nadie mata para administrar en forma transparente los fondos de una municipalidad, era otro el objetivo”, opinó.
Entre las pruebas halladas, De Vargas informó que se incautó un acta informal suscripta por cinco concejales municipales de diferentes partidos, al parecer del Frente Guasu y el Partido Colorado. En este documento, que fue suscrito antes de que asumieran sus cargos, el ministro informó que acordaban quienes iban a integrar las mesas directivas de la Junta Municipal.
Leer la nota completa en Diario ABC
