Documentos del expediente fortalecen indicios de la actuación irregular del juez de Pedro Juan, Édgar Ramírez. El magistrado, en presunta violación a la ley, levantó la captura contra un matrimonio prófugo, imputado por tentativa de homicidio y trata de personas.
El 13 de marzo pasado, los abogados Antonio Sánchez y David Ayala, a través de un escrito y en representación de los prófugos Rosa Lorena Delvalle y Anderson Ríos Villalba, solicitaron al juez de Pedro Juan Caballero, Édgar Ramírez, que extinga el estado de rebeldía y levante la orden de captura contra sus clientes. Hicieron mención al artículo 83 del Código Procesal Penal que dice que “cuando el imputado rebelde comparezca voluntariamente o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, se extinguirá su estado de rebeldía y continuará el procedimiento, quedando sin efecto la...
La disposición legal es clara. En este caso concreto, tanto Delvalle como Ríos Villalba tenían que presentarse ante el juez. Sin embargo, no lo hicieron y eso se desprende claramente del escrito de sus propios abogados, donde ni siquiera se lee que ponen a disposición a sus defendidos, sino simplemente hacen referencia a la última parte del artículo 83 del CPP.
Empero, el simple escrito fue suficiente para que el magistrado Ramírez, a través del Auto Interlocutorio N° 212 del 17 de marzo pasado, haga lugar al cese del estado de rebeldía y deje sin efecto la orden de captura contra la pareja. Igualmente reinició el procedimiento y fijó fecha para que los imputados comparezcan a la audiencia de imposición de medidas.
“Considerando que los imputados se encuentran a disposición y alcance de la justicia, según el escrito del 13 de marzo presentado por los abogados, que requieren la prosecución de la presente causa, por lo que corresponde extinguir el estado de rebeldía y dejar sin efecto la orden de captura”, dice el juez en una parte de su resolución, que es objeto de un análisis por la Dirección de Auditoría del Poder Judicial por disposición de la Corte.
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