En menos de una semana el país vio colapsar Ueno Bank, un banco digital con cerca de 2,9 millones de clientes y entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos y previsionales (IPS, Itaipú, Yacyretá, ANDE y otras). La Fiscalía imputó a 27 personas –directivos del banco y de empresas del grupo– por lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en crisis y otras figuras. El Banco Central inició el procedimiento de resolución al constatar que la solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal. El presidente Santiago Peña, accionista del holding hasta 2025, fue destituido por juicio político, imputado y quedó bajo prisión preventiva. El esquema es claro y reiterado: préstamos y sobregiros millonarios a sola firma, sin garantías adecuadas, a empresas del propio grupo controlador, cuyo dinero se transfería casi de inmediato a sociedades vinculadas para cubrir sobregiros o sostener el circuito. La pregunta elemental es: ¿para qué sirven las leyes de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y las normas de control bancario y societario, si transferencias multimillonarias con indicadores de riesgo tan evidentes pasaron por las narices de las instituciones encargadas de vigilarlas?
En menos de una semana el país vio colapsar Ueno Bank, un banco digital con cerca de 2,9 millones de clientes y entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos y previsionales (IPS, Itaipú, Yacyretá, ANDE y otras).
La Fiscalía imputó a 27 personas –directivos del banco y de empresas del grupo– por lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en crisis y otras figuras. El Banco Central inició el procedimiento de resolución al constatar que la solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal. El presidente Santiago Peña, accionista del holding hasta 2025, fue destituido por juicio político, imputado y quedó bajo prisión preventiva.
El esquema es claro y reiterado: préstamos y sobregiros millonarios a sola firma, sin garantías adecuadas, a empresas del propio grupo controlador (Mowi, Grupo Hendy, Grupo M y otras), cuyo dinero se transfería casi de inmediato a sociedades vinculadas (ITTI, Redisa, Redipro, Vinanzas, etc.) para cubrir sobregiros o sostener el circuito.
Una venta de cartera por unos 74,4 millones de dólares a Vinanzas –también vinculada– se presentó como “al contado”, cuando la normativa prohíbe la financiación directa o indirecta por el propio banco. Todo mientras la entidad concentraba depósitos del Estado y de los jubilados.
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