Santiago Peña fue destituido ayer de la Presidencia de la República como consecuencia del descalabro de Ueno Bank, que estalló como una verdadera bomba en el ámbito político-económico. Más allá de las preferencias políticas, Santiago Peña asumió en medio de altas expectativas, sobre todo en el plano económico. Él mismo llegaba con una maestría en administración pública por la Universidad de Columbia de Nueva York y su ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, exhibía un doctorado por la Universidad de Chicago, dos de las más prestigiosas instituciones de educación superior de Estados Unidos y del mundo. No solamente Peña y su gobierno terminan derrumbándose en uno de los casos de corrupción probablemente más graves de la historia del país, con potencial sustracción de 850 millones de dólares de fondos públicos, sino que han realizado una muy mala gestión del Estado.
Quien ejercía como vicepresidente, Pedro Alliana, asumió al frente del Poder Ejecutivo, y al igual que el resto del oficialismo, buscó despegarse cuando la caída y el escándalo ya eran inminentes e inevitables. El mismo reveló que había dos graves problemas internos en el Gobierno. Uno era el descalabro financiero del grupo “empresarial” cercano al Presidente de República. El otro pasó más desapercibido, pero es también altamente sensible para el país y para la gente. Según dijo, el exministro Fernández Valdovinos le confesó que la crisis del fisco es muy profunda y no tiene otra solución...
Fernández Valdovinos es el mismo que, el 25 de agosto de 2023, apenas iniciado el mandato de esta administración, en ocasión del acto de entrega al Poder Legislativo del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2024, afirmó formalmente que “sin inconvenientes” el Estado podría retornar en 2026 a un déficit del 1,5% del PIB, que es el tope estipulado en la ley de responsabilidad fiscal.
La meta original era alcanzar ese tope ya en 2024, pero el nuevo Gobierno acusó a su antecesor de no contabilizar deudas vencidas a proveedores y contratistas para maquillar el déficit real, por lo que solicitó un nuevo cronograma hasta 2026 y una emisión adicional de bonos del Tesoro de 600 millones de dólares, supuestamente para ponerse al día y comenzar de cero. Ambas solicitudes le fueron concedidas.
Llegó el 2026 y aquella promesa, que se tendría que haber conseguido fácilmente de acuerdo con el entonces ministro, terminó en un fracaso. No solamente se incumplió la meta (este año el déficit proyectado es del 3,2% de PIB, el doble del prometido), sino que se recurrió exactamente al mismo maquillaje que tanto se había criticado, con la diferencia de que la deuda vencida ya no es de 600 millones, sino de 1.300 millones de dólares.
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