Un video grabado con un celular y viralizado en redes sociales expuso las brutales peleas clandestinas que se dan dentro de la cárcel regional de Ciudad del Este. Internos, bajo el control de facciones criminales y con la supuesta complicidad de funcionarios penitenciarios, participan en combates a puño limpio cuyo “premio” son dosis de crack […]
Un video grabado con un celular y viralizado en redes sociales expuso las brutales peleas clandestinas que se dan dentro de la cárcel regional de Ciudad del Este. Internos, bajo el control de facciones criminales y con la supuesta complicidad de funcionarios penitenciarios, participan en combates a puño limpio cuyo “premio” son dosis de crack o marihuana. La denuncia involucra directamente al agitador social Rafael Esquivel, alias “Mbururu”, como principal organizador. Ya se reportaron varios heridos graves y un recluso que casi perdió la vida tras una golpiza brutal.
Las imágenes, que apenas duran unos segundos, revelan el salvajismo al que son sometidos los reclusos en un sector conocido como “Rancho”, donde estos enfrentamientos serían organizados como espectáculo por los jefes del crimen organizado que operan dentro del penal. En los registros se observa a internos rodeando a los participantes mientras se desarrollan las peleas, sin que haya intervención alguna por parte de las agentes penitenciarios.
Según la denuncia de un recluso -cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad-, el principal responsable de estas actividades es Rafael “Mbururu” Esquivel, conocido agitador social y referente político, quien está condenado a una pena de 10 años de cárcel por el ataque a un establecimiento ganadero en el 2022, y otra condena de 15 años de cárcel, dictada en marzo último, por coacción sexual y violación. Este habría asumido un rol de liderazgo criminal dentro del penal, coordinando las peleas y premiando a los ganadores con tocos de crack o marihuana.
El denunciante afirma que el director del penal, Joel Durañona, estaría al tanto de lo que ocurre, pero guarda silencio y no actúa para frenar los abusos, lo que genera una grave crisis de autoridad dentro de la institución penitenciaria. “Aquí mandan los patrones, no el Estado”, habría manifestado uno de los internos a sus familiares, quienes también están alertando públicamente sobre los hechos.
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