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Está llegando a su término un periodo de gobierno, que lamentablemente una vez más demuestra lo endeble que sigue siendo nuestra democracia y nuestra república. En efecto, la estructura organizativa del Estado todavía sigue pendiente del humor y los intereses de claques, ni siquiera de sectores políticos o ideológicos, sino de grupos económicos y empresariales, como se demostró fehacientemente con el gobierno de Horacio Cartes.
La lenta agonía del nuevo rumbo va trayendo también consigo una serie de negociados y manejos dolosos que involucran directamente a personajes del entorno presidencial, dejando por el suelo el discurso de honestidad y de lucha contra la corrupción del que tanto se ufanó la administración de Cartes.
En esta demostración de la debilidad de las instituciones y que la república está manejada por criterios de amigos y amiguismos, la ciudadanía percibe con resignación y fatalismo que las cosas no cambiarán y que aquellos que perpetraron estos groseros negociados quedarán impunes, como lo fueron los sinvergüenzas que desvalijaron la república en anteriores administraciones.
En contrapartida vemos que en los países latinoamericanos hay una tendencia de lucha firme contra la corrupción, llevándose adelante investigaciones y poniendo tras las rejas a poderosos políticos y empresarios. Para que este tipo de iniciativas pueda correr en nuestro país, primero habría que reestructurar el Poder Judicial madre de toda la corrupción institucionalizada y garantía de impunidad de los ladrones públicos. Lo mismo debe suceder con otros organismos como la fiscalía, cómplice y facilitadora de la impunidad.
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