En su translación fiel del latín, quid pro quo significa “algo a cambio de algo que se recibe a cambio de otra cosa”. Nunca tres palabras de origen latino son tan apropiadas en nuestro medio, en particular en la esfera política sin descartar en la del Ministerio Público y Judicial y en el privado. Sobrados casos y ejemplos los hay y muchos.
Se dice que esta expresión fue utilizada en el ámbito legal romano, aunque al parecer apareció por primera vez en la Edad Media donde era utilizada por los boticarios en referencia a la sustitución de un medicamento por otro más costoso e incluso en las adulteraciones del contenido de estos.
También se dice que fue utilizado en el derecho contractual inglés, al convenio en el que una persona recogía una compensación por un servicio o tipo de intercambio.
Ahora bien, el “quid pro quo” no necesariamente implica, dependiendo del contexto, una oferta de algo positivo al menos en el ámbito político, particularmente en el nuestro.
Ciertamente los políticos de nuestro medio son proclives a utilizarlo como canje de favores, de beneficios, o de tráfico de influencias a cambio de algún tipo de apoyo a menudo ilegal o inapropiado, un intercambio corrupto; hago esto por vos, luego lo haces esto por mí. Nada nuevo.
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