El anteproyecto alcanza a directores del Banco Central, superintendentes y funcionarios que hayan tenido una intervención determinante en la supervisión. Una segunda iniciativa plantea dar a la Contraloría acceso en tiempo real a los registros estatales y establecer un mecanismo para el cobro de multas.
El anteproyecto incorpora además un artículo 24 bis con un plazo especial de dos años para los miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), los superintendentes de Bancos, de Seguros y de Valores, y los funcionarios de esas dependencias que hayan tenido una intervención determinante.
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