Contrataciones Públicas ordenó la suspensión del llamado para el alquiler de máquinas de votación impulsada por el TSJE y estimada en US$ 34,1 millones. Protestas presentadas acusan de un presunto diseño del pliego de bases y condiciones destinado a favorecer al Consorcio Comitia-MSA, ligado al entorno de Santiago Peña.
El viernes último, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenó la suspensión de la licitación para el arrendamiento de máquinas de votación electrónica (ID 476307), impulsada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), por US$ 34,1 millones, para las Elecciones Municipales de 2026.
Esto se da tras las protestas presentadas por varias oferentes, quienes señalan direccionamientos en el pliego de bases y condiciones (PBC) a favor del Consorcio Comitia-MSA, ligado al entorno empresarial del presidente Santiago Peña.
Las firmas Miru Systems Co. Ltd. (coreana), Bypar SA y Smartline SA sumaron otras tres denuncias a las ya .
Si bien los detalles de las denuncias últimas no se revelaron, en una de las anteriores se señalaron “múltiples indicios de haber sido diseñado para favorecer al Consorcio Comitia-MSA, restringiendo la libre competencia y vulnerando los principios de igualdad y transparencia establecidos”.
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