El abogado Federico Campos, querellante en el caso que investiga la muerte de un joven por guardias de Protek, denunció un llamativo cambio de postura de la fiscal Claudia Penayo, quien solicitó medidas alternativas a la prisión.
“Se está comprobando el tráfico de influencia en Paraguay. Teníamos una imputación firme, esta gente (guardias imputados) tenían que irse hoy a la cárcel, pero hicieron un último intento antes de la audiencia de imposición de medidas”, cuestionó el abogado, según informes de Perla Silguero, periodista de ABC Color.
Antes de que se inicie la audiencia de imposición de medidas, la fiscal Pena Penayo pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión para Luis Fretes y José Joaquín Castillo, directivos de la empresa Monital SRL (Protek), tras una solicitud de cambio de calificación del caso, en la que se alega un hecho punible con una expectativa de pena mucho menor.
En principio se imputó a los custodios por el artículo 94, inc. de la Ley de Armas, con una expectativa de cinco a diez años (crimen) para quien preste o permita el uso de armas a terceros sin autorización de una autoridad competente, sin embargo esta mañana se solicitó que se tenga en cuenta el inciso a del mismo artículo, cuya expectativa de pena va de seis meses a cinco años, argumento con lo que solicitó la aplicación de medidas, ya que se trata solo de un delito.
“Nuestra fiscal Claudia Penayo pide que sencillamente se le imponga medidas alternativas a un crimen. Se olvidó que en el Código Procesal Penal no se aceptan medidas alternativas para un crimen”.
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