El fiscal Manuel Rojas Rodríguez requirió la prisión preventiva de los supuestos narcotraficantes internacionales Lucio Alfonzo Paz Fernández (33), de nacionalidad boliviana, y Elmer Enrique Figueroa Paredes (50), peruano, quienes fueron detenidos con más de 260 kilos de cocaína. Los mismos enfrentan cargos por tráfico internacional de drogas, actividades tendientes a la remisión de sustancias
El fiscal Manuel Rojas Rodríguez requirió la prisión preventiva de los supuestos narcotraficantes internacionales Lucio Alfonzo Paz Fernández (33), de nacionalidad boliviana, y Elmer Enrique Figueroa Paredes (50), peruano, quienes fueron detenidos con más de 260 kilos de cocaína. Los mismos enfrentan cargos por tráfico internacional de drogas, actividades tendientes a la remisión de sustancias estupefacientes al extranjero, tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, provisión de medios de transporte y formación de organizaciones constituidas para perpetrar hechos contra la ley...
Según los antecedentes, los dos extranjeros fueron detenidos este 29 de enero pasado durante un procedimiento realizado por la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, en la colonia Gleba 11, en las afueras de Hernandarias. En la oportunidad, los intervinientes incautaron del poder de los sindicados 265,09 kilos de cocaína, distribuidos en 260 panes, que estaban a bordo de una avioneta Cessna, con matrícula CP2038, de color blanco, que estaba al mando del piloto Lucio Alfonzo, siendo copiloto Elmer Enrique.
Según la investigación, los supuestos traficantes de drogas habrían aterrizado en un camino vecinal de la zona para reabastecerse de combustible. En el lugar les aguardaban cinco hombres en dos camionetas con bidones de combustible. Sin embargo, los mismos al percatarse de la presencia de los intervinientes huyeron del lugar. El juez Nelson Ojeda, quien entiende en la causa, ordenó la prisión preventiva de los dos extranjeros, quienes se exponen hasta a 25 años de pena privativa de libertad, considerando la gravedad de los hechos presuntamente cometidos.
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